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En segundo lugar, el buen vivir, siguiendo el planteamiento original de la conaie de una crítica metabotropic glutamate receptor la economía del mercado, plantea como uno de sus ejes principales la creación de un sistema económico social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin que “tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. Se establecen además diferentes formas de organización de la producción, favoreciendo el Estado las formas y modalidades que “aseguren el buen vivir de la población”. Incluso el endeudamiento público debe sujetarse al principio del buen vivir. Tercero, hay siete artículos constitucionales relacionados al desarrollo y el medio ambiente. La Constitución establece un nuevo régimen de desarrollo, que es “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales” para lograr el buen vivir. El Estado se hace cargo de planificar el desarrollo nacional y sustentable y la redistribución de los recursos para el acceso al buen vivir. En este contexto de un Estado impulsor de desarrollo, las riquezas naturales deberían beneficiar a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades para que puedan vivir bien, pero respetando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice el buen vivir. El territorio de las provincias amazónicas y la provincia de Galápagos se sujeta además a un régimen especial para conservar sus ecosistemas y patrimonio para el buen vivir. En cuarto lugar, el buen vivir implica una serie de nuevos roles, incluyendo derechos y obligaciones, tanto para el Estado, como para los individuos y la comunidad. El Estado es el directo responsable de que la sociedad alcance el buen vivir: “Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos.” Esto implica que debe también direccionar el proceso de desarrollo, impulsar las respectivas políticas públicas y las actividades económicas.
Los derechos de la madre tierra
Bolivia En el caso de Bolivia, la Madre Tierra tiene una connotación claramente espiritual y está enraizada en tradiciones indígenas. “Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes […] Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.” Pachamama como deidad benévola y de fertilidad en aymara y quechua también se traduce como “Madre Mundo”. Nótese que Madre Tierra (sólo figura una vez en Bolivia) y Pachamama (aparece una vez en Bolivia y dos, en Ecuador, aunque escrito de otra manera: Pacha Mama) se escriben con letras mayúsculas en ambas constituciones como se suele hacer con nombres propios. Para un análisis integral de las connotaciones de Madre Tierra se consideraron algunos conceptos afines, como naturaleza, recursos naturales y medio ambiente. En Bolivia, uno de los propósitos y funciones principales del Estado es “promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización […] así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.” En este texto constitucional hay varias referencias que le otorgan al Estado y a las entidades territoriales el derecho propietario originario sobre los recursos naturales y simultáneamente lo designan guardián de la naturaleza, del medio ambiente y de la biodiversidad. Contradictoriamente, los recursos naturales deberían ser aprovechados para la industrialización, sin dañar la naturaleza: “La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza.” Incluso, todas las organizaciones deberían proteger el medio ambiente; los principios de armonía con la naturaleza, la defensa de la biodiversidad y la prohibición de la apropiación privada guían incluso las relaciones y negociaciones interna-cionales. En cuanto a los pueblos indígenas, la Constitución les asegura el derecho del “uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables” y “la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.” Bolivia desarrolló el concepto de derechos de Madre Tierra más ampliamente en su legislación secundaria, especialmente en la Ley de Derechos de la Madre Tierra núm. 71 de diciembre de 2010 que establece una Defensoría de la Madre Tierra y en la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien núm. 300 de octubre de 2012. Estas leyes son parte de una polémica actual entre algunas organizaciones indígenas y el gobierno.